El Gobierno busca aplicar controles «inteligentes» e intercambiar más información con otros países. En un año de elecciones, el Gobierno planea avanzar en una política migratoria más dura. El impacto por el crimen de Brian Aguinaco aceleró la discusión, aunque sólo el 6 % de quienes cumplen condena por haber cometido algún delito son extranjeros.
La canciller Susana Malcorra aseguró en las últimas horas que «Estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante: es eventualmente alguien que está escapando de la ley, o alguien con estado de inmigración que al mismo tiempo delinque».
Según trascendió, en el Gobierno no dudan que hay que tomar medidas aunque aún no definen cómo implementarlas. Hay quienes creen que se debe hacer a través un proyecto de ley o un decreto, aunque otros entienden que alcanza con aplicar con firmeza la legislación vigente.
Si bien Argentina es el país de Sudamérica con mayor representación de inmigrantes dentro de su población, del total de presos que conforman la población penitenciaria nacional, sólo el 6 % son extranjeros. Es decir que el 94 % de quienes cumplen condena por haber cometido algún delito son argentinos.
La ley de migracones 25.871 fija como impedimento para el ingreso y permanencia a aquel extranjero que haya sido «condenado» o tenga «antecedentes por un delito que merezca (para la legislación argentina) pena privativa de la libertad de tres (3) años o más». El asunto es que, en muchos casos, no se cuenta con la información de los países de origen.
Si bien descartó que una posición más rígida pueda impactar en las relaciones exteriores, Malcorra advirtió que «Al mundo le fue muy mal siendo xenófobo. No llegamos a ningún buen puerto con eso. No es que cualquiera puede entrar, pero tampoco podemos estigmatizar y cerrarnos, porque nuestro país es lo que es por los inmigrantes que vinieron».
