Demandarán a padres de menores que realicen amenazas de bombas.

 Así lo aseguran desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Decidieron promover una demanda de daños y perjuicios contra los padres de aquellos menores que realicen amenazas de bomba y sean identificados por la Justicia. Solamente en septiembre se registraron 2 mil amenazas a colegios de la Provincia.

 Desde el ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron que demandarán a los padres de  aquellos menores a quienes la Justicia logre identificar como los responsables de las amenazas de bomba.

 Aseguraron que en el mes de septiembre, se registraron unas 2 mil amenazas de bomba en escuelas de la Provincia. Desde el 1º de ese mes, 15 personas fueron puestas a disposición de la justicia en el marco de esas investigaciones.

 «No es una broma, es un delito»

 El ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, se refirió a esta creciente problemática. Advirtió que una amenaza de bomba en una escuela “no es una broma, es un delito”. Señaló además que se trata de “un acto de intimidación pública penado por la ley”.

 “Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona”, explicó el funcionario provincial.

 Sobre las amenazas, agregó que “cuando todo este dispositivo acude a una amenaza de bomba, caemos en el riesgo de dejar desprotegidos a quienes realmente necesitan asistencia”.

 “Como padre -agregó Ritondo- entiendo absolutamente el estado de nerviosismo y psicosis que esto genera en las escuelas. También en las comunidades educativas y en los chicos”.

 Por último, advirtió que “con la tecnología con la que cuenta el 911 es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados. Un llamado engañoso implica una intimidación pública. Ese es un delito penado con dos a seis años de prisión” finalizó.