El Gobierno bonaerense impulsa dos proyectos de ley para que quienes sufren delitos tengan más protagonismo en la Justicia. Buscan fortalecer la opinón de las víctimas durante el trámite de las causas y otorgarles “voto” en algunas cuestiones clave, siempre que decidan presentarse en las causas judiciales como “particulares damnificados”.
Gustavo Ferrari, Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
En los proyectos se define el concepto general de víctima y se impulsa que ésta sea escuchada y su postura valorada por el juez en cada una de las instancias de la causa: desde sus inicios hasta el momento en el que los condenados solicitan algún beneficio, como las salidas transitorias de prisión, visitas y liberación anticipada.
Según Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires e impulsor del proyecto de reforma del Código Procesal Penal, los cambios apuntan a «Poner en el centro a la víctima, no solamente desde el punto de vista del derecho y la política, sino también con un Estado presente que se ocupe».
Este proyecto de modificación del código procesal responde a un clamor de las víctimas que reclaman ser oídas por los tribunales antes de conceder libertades que en la práctica pueden traducirse en algún tipo de riesgo para las mismas víctimas o sus familiares, por las amenazas de que suelen ser objeto de parte de los imputados.
Uno de los casos que incentivó el proyecto es el de Matías Bagnato, el sobreviviente de la llamada «Masacre de Flores», en la que toda su familia fue asesinada. El autor del hecho fue condenado y un día fue beneficiado con la condicional; Matías no lo supo hasta que el asesino lo llamó una madrugada para amenazarlo de muerte.
También se contempla que la víctima sea notificada del sobreseimiento del imputado, de la convocatoria a audiencia de suspensión del juicio a prueba («Probation») y la resolución del juicio abreviado, es decir cuando hay admisión de culpabilidad y se acuerda una pena menor, en este aspecto, la nueva disposición proyectada no le garantiza a la víctima su derecho a ser «oída» antes del dictado de esas decisiones fundamentales, porque le son notificadas después de su adopción.
Por último, otra innovación que incluye el proyecto es la creación de un Cuerpo de Abogados de la Víctima, el cual que dependerá de la Procuración General y que podrá actuar en todas las etapas e instancias del proceso. Esta iniciativa permitiría a las víctimas y sus familiares poder contar con orientación legal desde que el proceso penal se inicia.
