Desde el año 2014 la ley obliga a las empresas a poner cámaras de seguridad en los colectivos. Sin embargo, las unidades que las colocaron son escasas. Hasta el momento nadie exige que la ley se cumpla.
Hace más de 3 años que todos los micros de corta y media distancia deberían tener cámaras de seguridad. Sin embargo, nada se ha hecho al respecto. El asesinato de Leandro Alcaraz, chofer de la línea 620 pone en evidencia la falta de control del estado y la desidia empresarial.
La obligatoriedad de colocar las cámaras de seguridad en los colectivos se dispuso en 2014. Sin embargo, ni el gobierno de Daniel Scioli ni el de María Eugenia Vidal han hecho algo para que esa ley se cumpla.
“Establecer la obligatoriedad de incorporar videocámaras en el parque móvil de las empresas prestatarias del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano de corta y media distancia. en un número de vehículos equivalentes a la cantidad de recorridos habilitados que posea cada Línea, a fin de mejorar las condiciones de seguridad para los pasajeros y el personal. Fijar como fecha límite para el cumplimiento de esta obligación el 1° de enero de 2015“. Esto expresa el artículo 1 de la ley.
Seguimos sin cámaras
Un poco tarde, y tras varias agresiones y ataques a colectiveros, el gobierno bonaerense anunció que se colocarían cámaras de seguridad en cada uno de los 9.000 colectivos que trabajan en el territorio bonaerense. Además, aseguró que se implementarán botones antipánico.
«El gobierno bonaerense decidió que haya un financiamiento con créditos blandos y una tasa baja a cuatro años. Es para que en los primeros 90 días los colectivos que trabajen de noche tengan cámaras de seguridad» anunció en su momento el ministro de Seguridad Cristian Ritondo.
Tras acusaciones entre Verónica Magario (mandataria de La Matanza) y Cristian Ritondo, la politización de la muerte de Alcaraz deja al descubierto a ambos. El municipio de Magario recibió 239 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento de Seguirdad. ¿Que se hizo con ese dinero?.
En tanto que Ritondo, titular de la cartera de seguridad provincial desde diciembre de 2015, parece enterarse recién hoy que hace cinco años que no se cumple la ley.
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