El presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía Juan José Aranguren fueron imputados en una causa que busca investigar si el aumento de tarifas en el servicio del gas del año pasado buscó favorecer a empresarios del rubro energético, entre ellos Nicolás Caputo, íntimo amigo de Macri. Advierten que las subas en las tarifas pretendía una mejora «En la ecuación económica para los titulares y accionistas de las empresas del rubro».
El fiscal federal Franco Picardi pidió investigar a Mauricio Macri y Juan José Aranguren por el aumento del gas del año 2016 ante la sospecha de que se buscó favorecer a empresarios que se metieron en el sector energético como Nicolás Caputo, John Lewis y Marcelo Mindlin.
El pedido del fiscal da el visto bueno a la investigación que promovió la Procaduría de Investigaciones Administratvias, que depende de Sergio Rodríguez e intenta determinar si el aumento en la tarifa del gas implicó un fraude en contra del Estado o el pago de sobornos a funcionarios para que aprueben el incremento.
Desde la PIA analizan si pudieron haber existido delitos vinculados negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho a raíz del aumento en las tarifas de gas tras conocerse que socios y amigos del presidente Macri habían comprado empresas de electricidad y gas.
La orientación de la investigación penal surgió de notas periodísticas que señalaban que socios y amigos de Macri habían comprado empresas de electricidad y gas, y apuntaron a Nicolás Caputo, a través de la firma Central Puerto; y a Jhon Lewis y Marcelo Mindlin, por acciones de Petrobras.
Según la PIA, el incremento tarifario de por sí implicó una mejora en la ecuación económica para los titulares y accionistas de las empresas del rubro. Los investigadores de la Procuraduría también mantuvieron sospechas porque ese aumento se hizo sin que mediara una audiencia pública, lo cual (sostuvieron) no fue un simple «error técnico».
El tarifazo, de todas maneras, fue frenado por orden de la Corte Suprema de Justicia, que obligó al Gobierno a llevar adelante las audiencias publicas para escuchar las voces que se oponían al aumento de tarifas.
