La discapacidad en emergencia: Doble vulneración de derechos e invisibilización de una problemática

Por Camila Ballar

Cuando se me dio la oportunidad de comenzar una columna de opinión, para hablar de lo que sé, me había propuesto generar un espacio donde se pudiera pensar y repensar todo aquello de lo que hablamos en el cotidiano de los días, todo aquello que nosotros -personas con cuerpo y mente inmersas en una sociedad que responde a códigos de la cultura- vivenciamos en el día a día, y de lo cual nos debemos ocupar y preocupar. 

Sin embargo, las eventualidades existen, y creo que es de suma importancia hablar de lo que nos está atravesando en este momento a quienes somos profesionales de la salud, profesionales que trabajamos con personas con discapacidad, y que impacta directamente en dichas personas y sus familias. Es una situación realmente preocupante y de la cual sólo se reciben respuestas evasivas y burlonas.

Nuestro país se adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, lo que implicó una serie de políticas públicas para garantizar estos derechos. Ello le otorga una entidad jurídica a dichas personas, es decir, las personas con discapacidad tienen derechos -básicos, como los que tenemos todas las personas- que deben ser garantizados. Reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y con entidad para vivir una vida plena es digno de festejo, pues históricamente este colectivo ha sido siempre el más vulnerado.

De esta manera, el Estado pasó a hacerse el responsable de cubrir las necesidades básicas de las personas con discapacidad, y entre ellos, también del pago por los servicios de las prestaciones médicas, las terapias, la educación y el transporte, entre otras cuestiones. Específicamente, las prestaciones en discapacidad las paga el Estado, girando el dinero correspondiente a la Superintendencia de Salud, que lo redirige a las obras sociales, quienes, luego, les paga los honorarios a los prestadores que trabajan con personas con discapacidad.

¿Qué sucede con las prestaciones en discapacidad en Argentina?

Los profesionales de la salud que trabajamos en el área de discapacidad facturamos, mes a mes, a las obras sociales, con los honorarios estipulados bajo nomenclador. Lo usual es que las obras sociales tarden hasta 60 días -en algunos casos 90 y hasta 120 días- en depositarnos dichos honorarios.

Además de las cuestiones económicas, existen los dilemas burocráticos que se relacionan al acceso de las personas con discapacidad y las familias que las acompañan a dichas prestaciones, que muchas veces se presentan como barreras externas y que generan que los servicios que deben ser otorgados de forma obligatoria y regular, muchas veces se aplacen, se cancelen o no se lleguen a proveer nunca.

El pasado agosto, los y las prestadores en discapacidad no recibieron el pago por lo trabajado en mayo del corriente -tres meses con atraso-, y las explicaciones sobre ello son un tanto vagas, pero, claro, todos los caminos condujeron a Roma: desde Superintendencia de Salud no giraron los fondos a las obras sociales, por lo cual éstas últimas no pagaron a los prestadores. Imaginen desayunarse una mañana con la noticia de que este mes no cobrarán su sueldo. Un gusto amargo, y la desesperación de no saber cómo se va a subsistir dicho mes. 

Discapacidad en Argentina: la historia se repite

El problema tiene varias aristas: por una parte, lo trabajado en cierto mes y cobrado tantos meses después no llega nunca a ajustarse a la inflación del país, por lo que los profesionales siempre tendemos a cobrar menos de lo que deberíamos, desvalorizándose así nuestro trabajo. Esto permitido siempre debido a los habituales vacíos legales que existen en nuestro país. Una psicopedagoga amiga me dijo que “nos malacostumbramos a cobrar así, y malacostumbramos a quienes nos deben pagar”. Y es cierto.

Por otra parte, este “desfasaje” suele trasladarse también a los ritmos ralentados de aprobación de las terapias. Ello dificulta muchas veces comenzar en tiempo y forma las mismas, imposibilitándonos a nosotros a realizar un buen trabajo, que beneficie a los destinatarios y cobrando por nuestros servicios, e imposibilitando a las personas con discapacidad a que dispongan de aquellas terapias que necesitan y que vehiculicen esta garantía de derechos, cuyo fin ulterior siempre es el pleno goce de la propia vida.

Esta doble problemática sólo puede traducirse en el sentido crítico como una doble vulneración de derechos: los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de los y las trabajadores de la salud. Y es por eso que se habla de un recorte presupuestario y de que hoy, así como históricamente desde que el mundo es mundo, la discapacidad está en emergencia. Y es por eso también que el colectivo ha vuelto a marchar una vez más, por varias semanas, en búsqueda de una respuesta.

Gaslightning como solución 

Los comunicados oficiales de Superintendencia de Salud, a raíz de las marchas multitudinarias y la emblemática carpa blanca, han negado lo que es obvio, han dicho que tal ajuste en el presupuesto en discapacidad no existe, y que los pagos a las prestaciones se han realizado en tiempo y forma. Y claro, se ve que quienes aún no cobraron su sueldo tienen las caras pintadas de payaso -inserte emoji de payaso de Whatsapp-. Es que negar la problemática, sin plantear una solución realista, es ganar tiempo, y el tiempo es dinero, dinero que nuevamente no será destinado a la discapacidad.

El colectivo de la Discapacidad, siempre vulnerabilizado

Me atrevo a esbozar una leve interpretación sobre lo acontecido. El colectivo de la Discapacidad es históricamente un colectivo vulnerabilizado, cuyo factor más determinante existe desde afuera del colectivo: la creencia añejada en el inconsciente social de que estas personas son de inferior cualidad, que deben ser reformadas o incluso excluidas por representar el “caos de la sociedad”, lo que se traduce muchas veces como personas que demandan mucho tiempo y recursos, y que no son productivas.

Cambiar un mito que fue instalado y reproducido desde hace siglos es una tarea difícil. Pero quienes trabajamos en el área, quienes acompañan a una persona con discapacidad, quienes presentan alguna discapacidad, estamos convencidos y convencidas de que el cambio es inminente. La inclusión de este colectivo sólo requiere empatía y, claro, respeto y garantía de derechos.

*Camila Ballar es estudiante de la Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Trabaja en Discapacidad y en Comunidad.