Presentaron pedido de juicio político a Aníbal Fernández

La Diputada Nacional de la Coalición Cívica ARI, Mónica Frade, presentó el pedido de juicio político al Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por «no garantizar la custodia de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner ni la seguridad de los argentinos».

El proyecto, presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, resuelve «Promover juicio político al señor Ministro de Seguridad de la Nación Argentina,  Cdor. ANÍBAL DOMINGO FERNÁNDEZ, por las causales de mal desempeño y  en conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 y concs. de la Constitución  Nacional.

Entre los fundamentos presentados, el proyecto pide «realizar un riguroso análisis y valoración de las  acciones, omisiones y negligencias configuradas por el Ministro de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones, en relación con el fracasado atentado que tuvo por blanco móvil a la sra. vicepresidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández de  Kirchner».

«El entorno era un caos aparentemente administrado, cuyo escenario estuvo a cargo de la Policía Federal. Ulteriormente pudo observarse cientos de asistentes agolpados, una cadena humana de dudosa procedencia que los contenía y la Policía Federal como única y exclusiva fuerza a cargo de la seguridad de los asistentes y de la propia vicepresidenta», reza el texto.

«De este modo se advirtieron las imágenes que reiteradamente circularon en todos  los medios de prensa: mientras la nombrada firmaba ejemplares de su libro, una  mano asoma de entre esa multitud y, a centímetros de su cabeza, se le gatilló, sin  éxito, un pistola Bersa calibre 38».

«Un par de días antes, el 29 de agosto próximo pasado, el Juez Roberto Gallardo,  titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y  Tributario (CAYT) N.° 2, había resuelto —medida cautelar mediante— que la  custodia de la sra. vicepresidente quedaba a cargo de las autoridades de  seguridad federales, por lo que le dio intervención al Ministro de Seguridad Aníbal Fernández», indicaron.

En ese sentido, «la manda judicial le asignó al Ministro de Seguridad toda la cobertura de seguridad del sitio donde aconteció el atentado y, por lo mismo, de la propia  funcionaria, con prescindencia de su custodia personal, valga destacar, a cargo del mismo ministro.

«Las imágenes reflejaron el instante del atentado, pero también los momentos posteriores. Es aquí, por tanto, donde podemos comenzar a evaluar el comportamiento de la red de seguridad federal, responsabilidad y competencia del  denunciado», sostuvieron.

«Los movimientos concomitantes a eso muestran a CFK —y a su custodia toda— sin registro de la tentativa de homicidio y la gresca posterior. No existió  intervención alguna de efectivos de seguridad. No los había».

El “grupo de protección” debe «estar integrado por profesionales altamente formados  en protección de personas, cuya principal misión es velar por la integridad de su “protegido”. En este punto, se observó una muchedumbre rodeando a la protegida vip y a su  vehículo (móvil A), ausencia de uniformados de la federal, ausencia de  “adelantados” o custodios civiles. No se activó el protocolo previsto para ese tipo  de hipótesis», advierte el documento.

«Producida la agresión, el jefe de la custodia —ausente— debía ordenar la inmediata  evacuación, con el ulterior traslado de la víctima en “formación diamante” hasta el móvil A para, de este modo, llevarla a sitio seguro, previamente acordado  (comisaría, cuartel de bomberos, dependencias de las FF. SS.). Este protocolo fue íntegramente ignorado: la vicepresidente no estaba rodeada del  modo técnicamente procedente; por el contrario, pudo observarse integrantes de esa  comitiva de seguridad alejados del objetivo y —producido el episodio— no se  evacuó el lugar; lejos de esto, la firma de libros y la exposición corporal se  prolongaron», sostuvieron.

«Los proyectiles no salieron del arma y, exclusivamente por esto, el agresor no  terminó con la vida de la vicepresidente. Si su error no hubiera existido, va de suyo  que la sucesión de horrores operacionales de la totalidad del grupo de protección y  la ausencia del jefe de seguridad no hubieran evitado su eliminación», indica el texto presentado por los legisladores.

«No fue por obra del accionar de la custodia federal lo que impidió un desenlace  trágico, sino la falta de expertise del agresor, quien tuvo a su alcance inmejorables  condiciones para concretar su acción», explicaron.

Por último, el documento reza que El mal desempeño del ministro es inocultable e ineludible, por cuanto solicitamos  este pedido de juicio político. Quien no está en condiciones de garantizar la  integridad física de las máximas autoridades de la Nación y, como corolario, quien  no puede controlar la eventual impericia del personal a su cargo, mal puede  garantizar la seguridad de los habitantes de la Nación Argentina».

El pedido de juicio político lleva las firmas de Mónica Frade; Juan Manuel López; Maximiliano Ferraro; Victoria Borrego; Rubén Manzi; Marcela Campagnoli; Leonor María Martínez Villada; Mariana Stilman; Paula Oliveto Lago; Laura Carolina Castets; Graciela Ocaña; Gustavo René Hein; Ingrid Jetter y Soher El Sukaria.