Plan integral para reducir las brechas de género y favorecer la autonomía de las mujeres
Autonomía física, económica, toma de decisiones y transformación cultural.
Se realizó días atrás la segunda reunión interministerial para presentar los avances del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD) 2018-2020, presentado por el gobierno en diciembre de 2018.
El encuentro, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), tuvo como objetivo reunir a los distintos organismos y ministerios responsables de las acciones que integran el PIOD, para analizar los avances y compartir los desafíos y aprendizajes de la implementación de las 35 acciones claves y más de 200 compromisos.
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La directora del INAM, Fabiana Tuñez destacó que “el Plan empezó a pensarse cuando se entendió que la desigualdad de género es una problemática que debe ser abordada de forma integral.”
Diálogo e implementación
El encuentro se inscribe en un proceso de diálogo e implementación conjunta destinado a garantizar la introducción efectiva de la perspectiva de género en el Estado. El Plan pone énfasis en el rol clave de la Administración Pública Nacional: Se busca garantizar que todas las políticas públicas incluyan la perspectiva de género en su diseño, implementación y evaluación.
Tuñez explicó que “las acciones comprometidas en el Plan han avanzado gracias a el trabajo de 36 organismos públicos y la inmensa labor de los equipos técnicos. Es a través del trabajo sostenido en el tiempo que es posible lograr la igualdad real. Estamos sentando las líneas de base para transformar el Estado y alcanzar la igualdad real.”
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Metas
Las metas del Plan están organizadas en cuatro ejes: autonomía física; autonomía económica; autonomía en la toma de decisiones y transformación cultural.
El Plan contempla acciones a desarrollar durante el período de 2018 a 2020: desde el fortalecimiento de las competencias de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para la correcta actuación en los casos de violencia de género y la ampliación de las licencias para progenitores no gestantes hasta la elaboración de un mecanismo de medición del trabajo no remunerado y el uso del tiempo.
Este es el primer Plan que se elaboró convocando a todas las áreas de la Administración Pública Nacional. Además, se consultó a la sociedad civil, el sector privado y los sindicatos. Se busca consagrar una política de Estado que aborde la desigualdad de género de forma transversal, integral e intersectorial.
Durante la reunión los organismos y ministerios responsables de las acciones intercambiaron experiencias y desafíos que enfrentaron en la implementación de las políticas elaboradas con el objetivo de que todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas posibilidades de acceder y ejercer sus derechos.