La iniciativa fue promovida luego de la polémica desatada a partir del fallo de la Corte Suprema que otorgó ese beneficio a un represor condenado. Salvo el voto negativo de un diputado, todos los legisladores aprobaron la media sanción a la iniciativa. El senado deberá aprobar la medida para que sea Ley.
El Congreso de la Nación aceleró hacia la sanción de una nueva normativa para contrarrestar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que otorgó el beneficio del 2×1 (Contemplado en la ley 24.390, derogada en 2001) a Luis Muiña, quien fuera condenado por delitos de lesa humanidad.
Las negociaciones comenzaron por la mañana, cuando los jefes de todos los bloques de la Cámara de Diputados acordaron, en una reunión que se llevó a cabo en el despacho del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, introducir en la sesión de este martes la polémica por el fallo de la Corte, cuestionado por todos los sectores.
El proyecto establece que el cómputo de las penas establecido en la ley 24.390 no será aplicable a los condenados por «Delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional» y que solo funcionará para quienes hubieran estado detenidos en forma preventiva entre 1994 y 2001, período en el que regía esa ley.
El único diputado que se opuso a la medida fue Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), quien justificó su voto en contra del proyecto de interpretación de la ley del beneficio del 2x1 al afirmar que en el país «hubo una guerra» y que «los militares sólo fueron una parte»: «Acá hubo dos sectores enfrentados: los militares y los terroristas; los dos deberían ser juzgados por igual», enfatizó el diputado.
Al mismo tiempo en que las negociaciones avanzaban en Diputados, los senadores nacionales de Cambiemos encabezados por el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo (autor de uno de los proyectos) mantuvieron un encuentro para acordar el llamado a una sesión especial.
El avance acelerado en el Congreso para sancionar una ley que evite un efecto dominó tras el fallo de la Corte, se produjo en momentos en que los organismos de derechos humanos convocaron para este miércoles a una movilización a Plaza de Mayo para repudiar la sentencia del máximo tribunal.
El Senado, en tanto, convocó a una sesión especial para este mismo miércoles, con el objetivo de aprobar el proyecto de ley.
