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27 de julio de 2026
OpiniónPolitica

La moral y la ética pública. Una cuestión de educación.

Opinión | Por Bruno Leandro Galleni* 

Recientemente la sociedad entera se ha escandalizado por la viralización de las imágenes de Juan Emilio Ameri, legislador del Frente de Todos y representante de la provincia de Salta visto a través de una sesión por videoconferencia en una situación íntima con su mujer. Poco tiempo atrás se pudo observar que Esteban Bullrich utilizaba un recurso de la misma aplicación para aparecer visible aun cuando no estuviera presente. Algo que no ha cambiado desde hace un tiempo a la fecha, y sin importar si las sesiones se hacían presenciales o en forma virtual, son las “siestas” de nuestros “representantes” en plena sesión.

Hemos tenido situaciones aún mas escandalosas, con legisladores acusados de abuso sexual como lo es el caso de Alperovich (representante de Tucumán); el senador Carlos Saúl Menem (de La Rioja), procesado por un supuesto atentado contra una guarnición militar a efectos de ocultar una supuesta venta ilegal de armas, y condenado el año pasado por “peculado” por una venta irregular de los terrenos de la Sociedad Rural, o sin ir mas lejos, el icónico caso de una Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (de Santa Cruz, Buenos Aires, Cuba o Seychelles ya no se sabe bien…) procesada por diversos hechos de corrupción que, pese al escándalo que podría producir esta situación, se mantienen impávidos en sus cargos a la espera de que la lenta justicia resuelva algún día (con suerte) sus situaciones procesales e indefectiblemente son sostenidos en sus cargos por sus partidos políticos, legitimados en sus cargos públicos por el voto de las mayorías que incólumes convalidan sus permanencias en los cargos públicos.

Es entonces que vale parar la pelota unos minutos y pensar qué tanto debiera interesar para los funcionarios la moral y la ética pública, y si estos valores son apreciados por el electorado, o si por el contrario, es la sociedad la que decae en valores morales y éticos, y que en consecuencia los actos de sus representantes sólo refleja la moral de la sociedad.

¿Qué es la moral y la ética?

Sin embarcarnos en un sesudo análisis histórico y filosófico sobre estas palabras, podemos decir que la moral son aquellas pautas de conducta socialmente valoradas, que perduran a lo largo del tiempo y que sirven para orientar la conducta de cada uno de nosotros en un sentido que permite la coexistencia y la vida social armónica.

Cada uno puede entender que ciertas conductas resultan moralmente aprobadas, lo que no necesariamente puede coincidir con la moral de otros. Uno de los desafíos más grandes en el fuero interno de cada persona, es entender que no todos podemos valorar de igual manera ciertas conductas, no obstante ello, en otros casos podremos encontrar amplios consensos.

Todos podemos coincidir en que se debe respetar la vida y la propiedad ajena, incluso hasta un asesino o un ladrón pueden coincidir con ello; pero en cuanto a ciertos actos de la vida privada de las personas, como ser los relativos a la sexualidad o ciertas maneras de vestir tal vez puedan generar mayor controversia.

La ética, por su parte, suele ser asociada con ciertas pautas morales que deben ser respetadas por determinados sectores de la sociedad. Se busca condensar ciertas pautas de conducta morales en un código que permita a cualquiera entender cómo deben comportarse esos grupos de personas, y esto obedece al rol que dichas personas tienen en la sociedad.

Para aquellos que son católicos, un claro ejemplo de normas éticas es el de Moisés y sus diez mandamientos; “honrar a Dios, no pronunciar su nombre en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y tu madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no dar falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos.” Muchos hoy en día al menos intentan respetar estas normas que incluyen actos de los cuales tal vez en algunos casos muchos tengamos problemas para definir con claridad en la práctica qué está permitido y qué no.

Nuestra Constitución Nacional, establece también ciertas reglas éticas a las que debe ajustarse todo el aparato estatal, enalteciendo en diversos artículos la libertad y la iniciativa privada, sin más requisitos que el de no afectar a terceros ni afectar a la moral y el orden público. La prohibición de la esclavitud y de privilegios por fueros personales nos marca una pauta moral en orden a la igualdad civil de todos, bajo la regla de la ley como única pauta permitida para establecer los alcances de la libertad individual, y todo ello nos marca que nadie puede pretender erigirse en juez de los demás, pero que, sin embargo, todos estamos limitados por la obligación de respetar los derechos de otros, no siendo superiores ni inferiores a nadie.

En cuanto a la función pública, en nuestro país se sancionó en 1999 la ley de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública” (ley 25.188), que según su primer artículo “establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.”

La citada norma establece un decálogo de reglas éticas que toda persona en el ejercicio de cargos públicos debe respetar, como hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y defender el sistema republicano y democrático de gobierno; ejercer los cargos públicos con honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana; privilegiar el interés público y actuar con transparencia la función pública sin obtener de ella beneficios indebidos, entre otras tantas pautas.

Pareciera increíble que se necesitara una ley para aclarar que pautas como las indicadas sean de carácter obligatorio, no obstante ello, si bien se agradece el gesto, parece evidente que no basta con una ley para que nuestros representantes se conduzcan conforme a ellas.

Un problema de educación.

Antiguamente, las costumbres sociales se transmitían de generación en generación a través de relatos y cantos. Los griegos crearon sus célebres tragedias para transmitir valores morales socialmente aceptados, en todos los casos, los protagonistas se veían enfrentados a situaciones imposibles, en donde sin importar lo que hicieran algo malo sucedería (de ahí el nombre del género), Shakespeare también creó notables obras en las que dilemas morales angustiaban a sus protagonistas, y así cada cultura tenía en sus historias, enseñanzas que establecían las pautas de lo correcto y lo incorrecto.

Más modernamente, diversos autores de la filosofía moderna han elaborado teorías explicando el rol de la educación, el trabajo y la religión en la formación de “buenos ciudadanos” respetuosos de la ley y los valores socialmente aceptados, y sin perjuicio del mayor o menor acierto que cada uno pueda darle a dichas teorías, llegando a las pampas australes en donde se acaba el mundo, pareciera ser que a medida que se pierde calidad en la educación, los valores que mueven a la sociedad se van degradando y a la par de dicha degradación, también se degrada la moral de nuestros representantes.

Estoy seguro que si a cualquiera de nosotros, nuestros jefes nos encuentran durmiendo en plena jornada de trabajo, tendremos serios problemas; si se sospecha que hemos robado probablemente suceda lo mismo, entonces por qué no debiera suceder lo mismo con nuestros representantes.

Sin embargo, al ejercer cargos públicos se tiene una responsabilidad adicional. Se trata de un deber que va más allá de actuar con honestidad, y que se deriva de la obligación de actuar en representación de terceras personas, cada legislador, cada juez, cada presidente o ministro de la Nación no actúa por sí y para sí, sino por todos nosotros, sea que lo hayamos votado o no, y por lo tanto tiene el deber moral de ajustar su comportamiento a las más estrictas pautas de conducta, para que todos podamos sentirnos representados por ellos. Son el vivo reflejo de nuestra sociedad, no solo frente a los ciudadanos argentinos como líderes, sino también frente al mundo como representantes de toda una comunidad.

Dormir en una sesión legislativa, sin importar lo larga y trasnochada que sea, implica cobrar por no hacer el trabajo, lo mismo sucede si de alguna manera se evaden de dicha función. Al hablar lo deben hacer con respeto y alcurnia, ya que no se espera menos de un funcionario público, en especial de los nuestros que parecieran ser vitalicios una vez instalados en el poder.

Si uno compara los debates legislativos actuales con los registros de aquellos que se realizaban un siglo atrás entenderá lo que digo. Sin embargo pese a la decadencia intelectual, las reiteradas inconductas, no sólo no son sujetos de reproches, sino que muchas veces son celebradas grotescamente por acólitos aplaudidores.

Evidentemente algo anda mal, y un país sin educación es un país sin futuro, un país sin educación es un país que no conoce sus derechos y por lo tanto no puede exigirlos, un país sin educación es un país que olvida sus tradiciones, su identidad y sus valores, es un país que pierde el rumbo y deja de reclamar por sus derechos, para pasar a agradecer por dadivas miserables, entregando su futuro a un grupo de inescrupulosos que utiliza el poder estatal para convertirse en una oligarquía dominante que se enriquece a costa del esfuerzo ajeno.

Es hora de repensar qué clase de sociedad queremos tener y reclamar a nuestros representantes una conducta acorde a la responsabilidad que le hemos dado, porque la moral y las buenas costumbres forman parte del deber que los gobernantes tienen para con todos nosotros.

*Abogado en materia de Derecho Tributario, Laboral y analista en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Apoderado del Partido Libertario y referente del mismo en Berazategui.

Redacción

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