La Justicia prohibió al Gobierno entregar un bono de $ 5 mil a desocupados antes de las elecciones
Creen que podría ‘condicionar’ a algunos electores.
El Gobierno nacional deberá suspender hasta después de las elecciones del próximo domingo 27 el pago de subsidios de 5 mil pesos por única vez que alcanzaban hasta a 114 mil desocupados por un total de 650 millones de pesos para prevenir que pueda incidir en la libertad de elección.
La suspensión fue ordenada ayer por la jueza federal con competencia electoral María Servini. Responde a una denuncia que habían presentado apoderados de Frente de Todos contra una resolución del Ministerio de Producción y Trabajo.
Al respecto, el ministro Dante Sica dijo que si bien cumplirá con la decisión judicial, negó que esos subsidios tuvieran un propósito electoral. Sostuvo en cambio que eran “un refuerzo” por única vez de la asistencia a desocupados ante la emergencia alimentaria.
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«Si lo tenemos que suspender, lo suspenderemos, hasta explicar que no se trata de un programa atado a lo electoral», destacó Sica. «Somos respetuosos de todas las decisiones de la Justicia».
Denuncia
La denuncia ante Servini fue presentada por los abogados Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz como apoderados del Frente de Todos. Además del pedido de investigación a Sica y a Prémoli, como firmantes de la resolución 1177 del 3 de octubre pasado, incluyó el planteo de una medida cautelar para la suspensión de los pagos de bonos de 5 mil pesos.
“Las sospechas pasan por la posibilidad de que los montos presupuestados fuesen usados para pagarles a los fiscales de Juntos por el Cambio. 5 mil pesos ahora y otros 5 mil en caso de que en sus mesas ganara el oficialismo nacional», dijo Landau.
En su fallo, que dejó en suspenso el pago de esos subsidios, la jueza sostuvo que busca así “evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente”. También explicó que el subsidio tenía como fecha límite de cobro el 8 de noviembre. Ello tenía “el posible objeto de ‘condicionar’ a algunos electores, a través de la ayuda social legalmente ordenada».
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La jueza fundamentó su decisión en la necesidad de “garantizar una mayor certidumbre a la totalidad de las agrupaciones que compitan en las elecciones del próximo 27 de octubre, con el fin de evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente”.
