Esta ley (la 27275) obliga al Estado a brindar los datos que solicite cualquier ciudadano en un plazo de 15 días, y fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Fue aprobada por el Congreso el 14 de este mes con el fin de «Garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública».
Esto comprende «la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información», en tanto, en el artículo 7 de la norma, se explicita quiénes son los sujetos obligados a brindarla.
Entre ellos, «la administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social; el Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito; el Poder Judicial de la Nación; el Ministerio Público Fiscal de la Nación; el Ministerio Público de la Defensa; el Consejo de la Magistratura; las empresas y sociedades del Estado».
También «los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos» así como «organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos».
En uno de sus capitulos, la norma indica las excepciones con las que cuenta esta ley, entre las que se encuentran la posibilidad de que exista «Información expresamente clasificada» o Se ponga en riesgo el correcto funcionamiento del sistema financiero» y establece los trámites, plazos y formas en las que la información deberá ser solicitada.
