Incineran 2 toneladas de alimentos vencidos secuestrados en comedores
Por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, incineraron 2.250 kilos de alimentos en mal estado que habían sido secuestrados en depósitos pertenecientes a organizaciones sociales y piqueteras investigadas por presunta “extorsión” a beneficiarios de planes sociales. La destrucción de la mercadería, que debería haber sido entregada a las familias más vulnerables, se realizó el martes 8 de abril, entre las 8 y las 11 de la mañana.
En el procedimiento de la destrucción de alimentos en mal estado se utilizó un camión de los Talleres Generales de la Prefectura Naval Argentina (TAGEPNA). La unidad de CEAMSE Pompeya fue utilizada para trasladar y facilitar la destrucción mecánica e incineración de las más de dos toneladas de alimentos vencidos, según lo dispuesto por el juez Armella.
Durante los 24 allanamientos simultáneos ordenados por el magistrado a mediados de 2024 en localidades de la zona sur del conurbano bonaerense, el Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de Prefectura Naval Argentina secuestró más de 3.500 kilos de alimentos vencidos, 104.000 unidades de alimentos sin distribuir, $500.000 en efectivo, un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9 mm y 47 equipos informáticos. También se incautaron unas 100 cajas con documentación, planillas de asistencia, libros contables y carpetas con registros presuntamente vinculados a maniobras fraudulentas.
En uno de los operativos fue detenido un hombre por portación ilegal de arma de fuego, y en varios puntos se encontraron pequeñas cantidades de marihuana. El depósito con mayor volumen de alimentos vencidos pertenecía al Movimiento Teresa Rodríguez, ubicado en la calle 511 al 3000 de Florencio Varela. En su fachada podía leerse la frase: “Si el hambre es ley, la rebelión es justicia”.
La causa judicial involucra a más de 150 dirigentes sociales y se conecta con otras investigaciones por extorsión a beneficiarios de planes sociales
La investigación se inició tras la recepción de más de 70 denuncias a la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para recibir reportes de beneficiarios que afirmaban haber sido “extorsionados” y “presionados” por punteros y dirigentes sociales.
Según los testimonios, quienes cobraban el ex programa Potenciar Trabajo eran obligados a asistir a marchas, piquetes o actos políticos bajo la amenaza de perder el beneficio y asistir a los comedores comunitarios que administraban. También se reportaron casos en los que se exigía una parte del subsidio a cambio de mantener la ayuda.
De acurdo con el sitio Infobae, una mujer denunciante aseguró que “si no iba a las marchas, al otro día no me dejaban entrar al comedor”. Otra persona relató: “Ellos reparten la comida entre gente conocida, no le dan nada a quienes realmente la necesitan. Nos dan polenta hervida con fideos y dos granos de carne picada”. Los relatos fueron incorporados como pruebas en las diferentes causas abiertas.
