Exigen «medidas urgentes» ante el estado de la cárcel en la Comisaría 1ª de Berazategui
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que no la Comisaría Berazategui 1ª no es un lugar apropiado para la permanencia prolongada.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una resolución en donde asegura que al menos 15 cárceles bonaerenses no son lugares apropiados para la permanencia prolongada de los detenidos.
El organismo advirtió que los factores de riesgo en 15 comisarías (entre ellas la 1ª de Berazategui y la 3ª de Quilmes) no fueron mitigados o no han desaparecido. En consecuencia, exigió tomar «medidas urgentes».
Cabe recordar que en 2016, la CIDH dictó una serie de medidas cautelares por el riesgo de vida de las personas alojadas en seis comisarías de Lomas de Zamora y La Matanza. En diciembre de 2018, se requirió la ampliación de estas medidas. Allí se denunció el incremento exponencial del hacinamiento y las diez muertes en el incendio en una comisaría de Esteban Echeverría.
En el pedido se reclamó una intervención urgente del Estado. La ampliación alcanza a las siguientes dependencias: 2da y 3ra de Esteban Echeverría; 1ra. de San Martín; 5ta. de Billinghurst; 1ra. y 3ra. de José C. Paz; 7ma. y 8va. de Almirante Brown; Departamental de Investigación y 3ra. de Quilmes; 1ra. de Berazategui; 6ta. de Lanús; 2da. de Moreno y 1ra. y 8va. de Moreno-Gral. Rodríguez.
«Medidas urgentes»
La CIDH solicitó al Estado argentino tomar una serie de medidas urgentes. Entre ellas se destacan:
a) Adoptar medidas para preservar la vida y la integridad, tomando en consideración grupos particularmente vulnerables como mujeres y personas mayores.
b) Reducción de estadías prolongadas y bajar los índices de hacinamiento, debiendo para ello: revisar si la situación de las personas privadas de la libertad se adecua a los estándares aplicables de prisión preventiva, hacer efectivas las clausuras judiciales ya dispuestas y establecer planes de emergencia.
El próximo 3 de marzo, el Estado tendrá que informar las medidas adoptadas en respuesta a la resolución de la CIDH. Los peticionarios reiteran su reclamo a los tres poderes provinciales para que tomen medidas efectivas. Buscan revertir la crisis humanitaria por la que atraviesan las personas privadas de libertad.
