Cayó en el conurbano la «Mafia del Hentai», acusada de al menos 30 amenazas de bomba
Tres jóvenes, uno de ellos con antecedentes por estafa e hijo de un suboficial retirado de la policía bonaerense, fueron detenidos acusados de ser quienes llevaron adelante en los últimos dos meses al menos 30 amenazas de bomba contra la Casa de Gobierno, estaciones de trenes y subtes porteños, el búnker de Unión por la Patria y despachos de jueces y funcionarios, informaron fuentes policiales y judiciales.
Los voceros detallaron que al grupo, que se hace llamar «La mafia del Hentai», en alusión a un animé japonés XXX, se lo acusa de las recientes amenazas de bomba dirigidas a las estaciones de trenes y del subte porteño, que produjeron pérdidas millonarias debido a la suspensión de los servicios. Incluso, añadieron, se lo vincula con intimidaciones contra el búnker del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante las últimas elecciones generales, y contra el juez federal Ariel Lijo, quien se encontraba de turno.
Los arrestos se realizaron la noche del jueves en distintos domicilios del conurbano bonaerense. Fueron efectivos de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) quienes trabajaron bajo las órdenes del juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, Julián Ercolini.
Las fuentes consultadas identificaron a uno de los detenidos como Facundo M.R., de 18 años, hijo de un sargento retirado de la policía bonaerense y hermano de una integrante de la Policía de la Ciudad, quien fue apresado en la localidad bonaerense de Llavallol.
También fueron detenidos en sus domicilios del Gran Buenos Aires Matías D. y Leandro G., explicaron.
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Los tres permanecen alojados en la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, situada en Madariaga al 6900, del barrio porteño de Villa Lugano. Allí esperaban ser trasladados a los tribunales federales de Retiro para ser indagados por Ercolini entre este viernes y el sábado.
«Se están solicitando los sumarios en los distintos juzgados que investigaban las amenazas de bomba, que fueron alrededor de 30. Recién cuando el juez Ercolini tenga en su poder todos los elementos, indagará a los detenidos, lo que posiblemente sea el sábado», dijo una fuente cercana al expediente principal.
La investigación
La pesquisa se inició el día de las elecciones generales del 22 de octubre pasado, cuando se recibieron amenazas telefónicas que alertaban sobre la presencia de explosivos en la Casa Rosada, en el Congreso Nacional, en la Cámara Electoral y en el búnker de Massa, en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita.
Tras esas intimidaciones y otras, se inició una causa ante el juzgado de Lijo, que estaba de turno, quien dio intervención a los pesquisas de Delitos Constitucionales la PFA para que comenzaran a analizar las comunicaciones, con la colaboración de personal especializado de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen.
Pero a los tres días de iniciada esa investigación, el propio magistrado recibió una amenaza en su despacho, por lo que denunció el hecho ante su colega Ercolini, que quedó al mando de esa pesquisa, a la que sumó otras causas por amenazas similares en los días previos, detallaron los informantes consultados por esta agencia.
Los detectives expertos en comunicaciones de la PFA lograron establecer que las amenazas habían sido realizadas a través de varias líneas en común -que luego coincidieron con las empleadas en las intimidaciones contra las estaciones de trenes de esta semana-, las que pertenecían a la empresa Telecentro, que utiliza una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet.
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Las fuentes explicaron que una parte de los acusados se dedicaba a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas en el mercado negro de la «Deep Web».
Allí, uno de los sospechosos adquiría las líneas fraudulentas a nombre de terceros y utilizaba redes wifi públicas para realizar los llamados intimidatorios, evitando de este modo ser rastreado.
No obstante, los detectives, lograron establecer la existencia de algunos patrones comunes de conexión y, mediante múltiples intervenciones telefónicas realizadas en tiempo real, los identificaron y localizaron, dijeron las fuentes.
Allegados a la investigación dijeron que hasta el momento se identificaron al menos unos 30 hechos de amenazas relacionados a los detenidos.
Al ser detenido, Martínez Radaeli, quien tiene antecedentes por estafas y cuyo padre policía retirado tiene en su contra denuncias por violencia, dijo que está «peleado con el sistema» y que eso motivó las amenazas, dijeron voceros vinculados al procedimiento.
Además, contaron que justo antes de que se produjeran los allanamientos y los arrestos, habían llegado a concretar una amenaza contra el ministro de Transporte, Diego Giuliano.
