Derecho a decidir

Foto: El Litoral
Foto: El Litoral

Por Camila Ballar

EL DERECHO A DECIDIR Y A FORMAR PARTE

Este es un año electoral, por lo que cada spot de campaña muestra una imagen que suele contener personas contentas, conformes con los decires de la voz en off de cada candidato; personas que están trabajando o haciendo las compras o yendo hacia algún lugar, y al final, personas que están poniendo un sobre en una urna. Personas usualmente blancas, estilizadas y, sobre todo, personas sin discapacidad. ¿Qué sucede entonces con aquella población de personas adultas con discapacidad que no se ven representadas en lo aspiracional de cada campaña política? ¿Es que acaso las personas con discapacidad o con algún trastorno en salud mental carecen de poder político?

De acuerdo con lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es responsabilidad del Estado que las personas con discapacidad puedan participar de forma plena y efectiva en la vida política y pública, en igualdad de condiciones, lo que también incluye que las personas con discapacidad tengan el derecho inalienable a votar y postularse a puestos políticos, pudiendo ser elegidas. Así también lo expresa la Ley Nacional de Salud Mental.

Representaciones sociales

Las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones, que se basen en los intereses que posean. Las personas con discapacidad desean. Resulta obvio hacer esta aclaración, pero aún hoy en día existe en el imaginario social una postura sobre las personas con discapacidad: que son eternos niños, que no pueden tener personalidad, que no son capaces de vivir una vida plena y activa, que son angelitos, que no tienen maldad, y una lista de penosos etcéteras, siempre ligados a una vida de padeceres y angustias, de esa sensación de incompletud. Sin embargo, esas creencias son de un pasado antiguo, donde se creía que la discapacidad era una maldición de los dioses, por las guerras entre los hombres; que la discapacidad es efectivamente un padecer, lo indeseable, lo opuesto al ser humano. Nada más distante de la realidad.

No mostrar o representar a personas con discapacidad votando en las campañas políticas es decidir negar la existencia de ello. Es dirigirse a determinado público, excluyendo a la mayoría no deseada. Y esto no sólo excluye a las personas con discapacidad, sino a otros grupos sociales que tienden a ser invisibilizados. Es importante comenzar a repensar que los espacios políticos deben poder representar este derecho inherente a todas las personas en sus discursos, porque al final de cuentas, en nuestro inconsciente colectivo, lo que no se nombra, o en este caso, no se muestra, termina no existiendo.

El acceso a la participación política

Actualmente, nuestra perspectiva de los derechos humanos guía las políticas públicas orientadas a esta población en cuestión. El paradigma actual se refleja en el Modelo Social de la Discapacidad (de Agustina Palacios, 2008), que considera que las causas que dan origen a la discapacidad como concepto son en su mayoría sociales, y que el aporte que podrían dar las personas con discapacidad a las necesidades de la comunidad es igual de enriquecedor al de personas sin discapacidad, contemplando que en ciertos aspectos o determinadas condiciones son diferentes a la de la media, pero que merecen igual respeto y valoración. Este modelo presenta muchas coincidencias con los valores que sustentan a los derechos humanos: la dignidad, la libertad entendida como autonomía en el sentido de desarrollo del sujeto moral, y la igualdad inclusiva de la diferencia, la cual exige la satisfacción de ciertas necesidades básicas. Así, es la visión de este modelo apuntar a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, y para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera externa a la persona, a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades.

Alegar que la persona adulta con discapacidad no podría ejercer su derecho a participar de la vida política sin restricciones por “limitaciones en la capacidad de elegir lo que es correcto” es un atropello a la libertad de dicha persona, y una violación de los derechos fundamentales, inherentes a todos, además de una excusa para no proveer los apoyos necesarios, para otorgarle independencia a esa persona, que seamos honestos, jamás se la coartaríamos a una persona adulta sin discapacidad.

Una vida independiente, con apoyos

Es necesario recordar que todas las personas tenemos derecho a votar, en igualdad de condiciones. Las únicas personas que quedan exceptuadas del ejercicio del voto son aquellas que: 

  • Se encuentran a más de 500 kilómetros del lugar de votación y tengan una justificación que impida el traslado al lugar designado para la votación.
  • Tienen una enfermedad de complejidad tal que impida el traslado o el uso de las facultades para realizar tal acción.
  • Trabajan para organismos o empresas de servicios públicos, y que estén trabajando el día de las elecciones.
  • Son jueces o auxiliares y estén ejerciendo durante el día electoral.

Por lo que no existe un impedimento real y justificado que impida que personas con discapacidad mayores de 18 años no puedan ejercer el derecho a elegir a los representantes políticos que deseen. Para tal caso, se requerirán apoyos según dichas personas lo requieran: que el cuarto oscuro esté en planta baja, exceptuarse de esperar, ingresar con un fiscal de mesa o con la persona acompañante que sea de su confianza, el uso de apoyos visuales como pueden ser los pictogramas, o la asistencia verbal del acompañante.

Votar es un derecho para todas las personas, en igualdad de condiciones.

*Licenciada en Terapia Ocupacional