El Diputado Nacional Alberto Asseff presentó un proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados solicitando al Ejecutivo nacional que suministre información referida a las 25.000 hectáreas entregadas a presuntas comunidades mapuches en la provincia de Mendoza. El documento lleva la firma de otros legisladores como Julio Cobos y Ricardo López Murphy.
En su presentación, el legislador nacional pide esclarecer las razones por las cuáles se brindó a diferentes «comunidades pseudo araucanas (mal denominadas “mapuches”) una tramitación de carácter “exprés” y ultrarrápido de los expedientes que sirven de antecedente a las distintas resoluciones del organismo aquí cuestionadas que fueron iniciados durante el año 2022».
Asimismo, Asseff se pregunta «Por qué razón hay una verdadera constelación de expedientes y carpetas técnicas de distintas comunidades aborígenes auténticamente argentinas que han efectuado reclamaciones similares que no han sido concluidos con similar celeridad».
Además, pidió «Se tenga a bien suministrar el nombre apellido y domicilio de todos los funcionarios y/o consultoras externas y/o empresas privadas contratadas que relevaron datos sobre el terreno y/o posteriormente elaboraron el ANEXO de cada una de las resoluciones ‘sub examine’ a fin de que los mismos puedan ser llamados a dar explicaciones ‘in voce’ ante esta Honorable Cámara».
Las comunidades en cuestión son Lof El Sosneado, Lof Suyai Levfv y Lof Limay Kurref Levfv, todas ellas con personería Jurídica en trámite.
Asseff también pidió que el Ejecutivo informe «Cuál fue el monto total erogado por el INAI (instituto Nacional de Asuntos Indígenas» para preparar los antecedentes y evaluar ‘in situ’ las condiciones y eventuales derechos de cada una de las comunidades pseudo araucanas más arriba mencionadas».
En otro de los puntos de su presentación, el Secretario del Partido Unir pide que se detallen en un listado «las superficies en Hectáreas/Km2 que se han reconocido a cada una de las tres comunidades hoy bajo escrutinio», así como también informar «si va a ser necesario que -ya sea el Estado Nacional como el Provincial o el Municipal local- tengan que votar fondos para cualquier tipo de expropiación que pudiera derivarse del eventual efecto jurídico de las resoluciones de marras».
La presentación lleva las firmas también de los diputados Julio Cobos, Ricardo López Murphy, Victoria Villarruel, Gerardo Cipolini y Carlos Zapata.
«En rigor de verdad, nos causa asombro el contenido de las resoluciones del INAI que dan origen al presente Pedido de Informes. No creemos que deberíamos llenar páginas fundando esta solicitud, atento que los que tienen que dar basamento a sus actos administrativos son la cabeza y los demás funcionarios de dicho instituto y no los legisladores que ejercen sus derechos», reza el pedido de resolución.
«Lo que llama singularmente la atención es que respecto a la pretensa COMUNIDAD LOF de la Estancia EL SOSNEADO – propiedad de la empresa SOMINAR S.A. que compró dicha unidad de explotación agropecuaria durante la Segunda Guerra Mundial y alquiló al padre de la supuesta Werken VERÓN las tierras que ahora “su tribu” reclama. Y aún más, los supuestos araucanos han declarado en el juicio provincial por reivindicación identificado en la parte “1983/2023 – 40 Años de Democracia” dispositiva del presente que “preexistían” en dicho territorio comunitario hace más de 150 años, es decir hacia el año 1872, que es apenas un tiempo antes de que se lanzara la famosa epopeya llamada por todos nuestros historiadores clásicos como “La Conquista del Desierto”.
«Otra cosa extraña viene a ser los verdaderos galimatías adjuntados en carácter de ANEXO a cada una de las resoluciones aquí criticadas y que carecen en absoluto del rigor mínimo para probanza pericial y jurídica y ni siquiera indican la superficie exacta de las hectáreas reconocidas», explica Asseff.
«Es sabido que últimamente aunque se acostumbra cada vez más a “georreferenciar” (al estilo de Google Maps) grandes extensiones territoriales, allí las lecturas por GPS son el resultado a la aplicación de cálculos bidimensionales de proyecciones de ondas de radio sobre la superficie de la tierra, pero no existen sistemas que permitan calcular en forma directa -es decir leyéndola directamente en la pantalla del aparato receptor- la verdadera cantidad de metros cuadrados de un área dada la que en realidad no es plana sino una figura de la trigonometría esférica atento la forma cuasi ligeramente ovoide de nuestro planeta».
«Antes de finalizar, se agregará que no se entiende cómo se puede llegar a reconocer -por vía administrativa- una propiedad de origen ancestral a una persona -aunque catastrada como indígena en el INAI- que es arrendataria de un puesto de estancia y basa su reclamo en la -supuesta- permanencia de sus antecesores apenas 150 años atrás, cuando nuestro país estuvo habitado por lo menos desde el año 12.000 adC».
En ese sentido, Asseff anticipó «mi voto contrario cuando se envié la ley para ratificar estos tres reconocimientos ensayados por el INAI por parte de este Honorable Congreso, dado que se ignora como ese órgano actuó en contra de la sentencia judicial condenando a VERÓN a devolver a la Estancia la propiedad hoy reivindicada».
«Con relación a ello en otra de las sentencias, se determinó que no alcanza solo con juntarse para decir que son araucanos: “se debe valorar que posean un idioma vernáculo, cultura con elementos nativos, conciencia de grupo descendientes de familias que provengan de la época de la conquista” (Siglo XVI) y que por ello poseen las tierras que ocupan”, concluye la presentación.
