19 de abril de 2024
Berazategui

La Justicia obliga a los progenitores de un bebé a vacunar a su hijo

La Cámara Civil determinó que la decisión de no vacunar al bebé trasciende la vida privada y es un hecho de Salud Pública.

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La Cámara Nacional en lo Civil confirmó una sentencia que intima a los progenitores de un bebé recién nacido a que en el término de tres días cumplan con la aplicación de las vacunas contra la hepatitis B y la BCG. Tanto el padre como la madre se niegan a hacerlo, basados en argumentos naturistas y en el derecho a decidir sobre su hijo. El tribunal consideró que la vacunación es una obligación social.

 El fallo fue dictado el 15 de enero pasado a partir de una intervención de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo Nº 1. Con las firmas de los jueces Víctor Liberman, María Isabel Benavente y José Benito Fajre, ordena a los progenitores a aplicar las vacunas bajo apercibimiento de disponer “la vacunación compulsiva del bebé”, tal como había peticionado la defensa pública.

Antes, los progenitores habían interpuesto un recurso de nulidad y de apelación subsidiario. Allí argumentaban supuestos efectos secundarios sobre la salud del bebé. Éstos incluían el “peligro de muerte súbita”, así como la primacía de su decisión individual, que de no respetarse supondría “una desprotección de los derechos de la minoría contra los abusos estatales”.

Las razones del fallo

 Sobre el primer argumento, la Sala de Feria de la Cámara Civil determinó que los apelantes “no incorporaron razones trascendentes que sostengan su oposición a la aplicación” del régimen vacunatorio, sino que “pretendieron alegar fundamentos médicos que desaconsejarían su aplicación al niño”. El recién nacido –sostuvo la Cámara– no presenta ninguna situación particular en la salud que desaconseje la aplicación de las vacunas obligatorias. Además, tampoco existe un riesgo adicional en caso de realizarse tal práctica.

 Respecto al segundo argumento, los jueces entendieron que la decisión de no aplicar las vacunas “trasciende notoriamente la esfera de privacidad” garantizada por el artículo 19º de la Constitución Nacional, ya que “involucra la salud pública y sus consecuencias se proyectan directamente a terceras personas”.

Resguardar la salud del niño

 “El Estado –concluyeron los integrantes de la Cámara– no puede interferir en las decisiones médicas que los padres prefieran para sus hijos menores de edad a menos que existan razones fundadas que así lo justifiquen. La aplicación compulsiva del plan de vacunación obligatorio, tanto de la derogada ley 22.099 como de la actual 27.491, cumple adecuadamente con esa exigencia constitucional, pues resguarda la salud del niño involucrado, entendida en su máxima expresión conforme los instrumentos internacionales ratificados por el país», expresa el fallo.

 Al mismo tiempo, a resolución aclara que «se protege la eficacia del propio sistema de salud y con ello los intereses de la comunidad en su conjunto. Así, se ofrece una adecuada razonabilidad entre los beneficios que se obtienen para la salud individual y colectiva y la afectación que supone la medida para el ámbito de autonomía de la decisión familiar”.

 

Fuente: Página 12

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Redacción

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