La Justicia otorgó el beneficio del dos por uno a Grassi.

 La justicia de Morón concedió el beneficio del dos por uno a Julio César Grassi, cuya condena a 15 años de prisión por abuso sexual había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21 de marzo pasado. Recuperará su libertad el 10 de agosto de 2026. El abogado de la querella anunció que volverán a recurrir al máximo tribunal para que den cumplimiento a su fallo.

Grassi

 El cura Julio César Grassi, quien cumple una condena de 15 años de prisión por abuso sexual agravado contra un menor que fue confirmada por la Corte Suprema a fines de marzo último, recuperará su libertad el 10 de agosto de 2026, según un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Uno de Morón que le redujo la pena en poco más de un año y nueve meses al otorgarle el beneficio del “dos por uno”.

El cómputo fue aprobado por el presidente del mencionado tribunal, Claudio José Chaminade, y tomó estado público este lunes a partir de la protesta pública del abogado querellante Juan Pablo Gallego, quien lo consideró “inadmisible» e informó que ya apeló esa decisión.

La resolución recordó que Grassi estuvo detenido desde el 23 de octubre al 21 de noviembre de 2002; luego, bajo prisión domiciliaria entre el 7 de marzo de 2012 y el 31 de mayo de ese año y finalmente, en el último período de detención, desde el 23 de setiembre de 2013 hasta la actualidad. De acuerdo con la ley 24.390, se computan dobles los días que exceden a los dos años de prisión preventiva.

Gallego calificó como «inadmisible» y un «escándalo» la decisión del Tribunal Oral número 1 de Morón, por considerar que crea “Una crisis jurisdiccional desacatando un fallo de la Corte”. El letrado advirtió que según una interpretación alternativa, pero basada en el mismo fallo, «Se le estarían reduciendo de la condena fijada algo más que dos años y seis meses de prisión».

 Según el propio Gallego, Grassi “Es un pederasta feroz que ha destrozado la vida de menores a su cargo; es una de las personas más poderosas de la Argentina que ha demostrado un gran capacidad de despliegue económico, con 25 defensores particulares accionando de forma permanente en la justicia para eludir el rigor con que corresponde que sea tratado un pedófilo”.